Baleares lidera la cogestión de aeropuertos para contener el turismo masivo

Las Islas Baleares han dado un paso audaz en su lucha contra la masificación turística, aprobando en el Parlament una propuesta legislativa que exige la cogestión de sus aeropuertos. Esta iniciativa, que ahora se encamina hacia el Congreso de los Diputados, busca otorgar a la comunidad autónoma un control decisivo sobre los flujos de pasajeros, el diseño de rutas, las frecuencias y la capacidad de sus tres aeródromos, superando en ambición a modelos de cogestión explorados en otras regiones como el País Vasco.

La propuesta balear no es meramente administrativa; es una declaración de intenciones que subraya la profunda dependencia económica del archipiélago del turismo y la urgente necesidad de regularlo. El objetivo primordial es que esta nueva regulación sirva como un mecanismo eficaz de contención turística, frenando el crecimiento descontrolado y garantizando la sostenibilidad de las islas.

La urgencia de un cambio: Cifras que hablan por sí solas

La necesidad de esta medida se hace evidente al observar el crecimiento exponencial del tráfico aéreo en los últimos años. El aeropuerto de Palma, por ejemplo, cerró 2025 con 33,8 millones de pasajeros, lo que representa un aumento del 50% en tan solo una década. De manera similar, Eivissa recibió 9,1 millones de viajeros y Menorca 4,2 millones, ambos con incrementos cercanos al 50%. Este ritmo de crecimiento, impulsado por un modelo que muchos consideran insostenible, ha llevado a una saturación que amenaza tanto la calidad de vida de los residentes como la propia experiencia turística.

El texto aprobado por el Parlament, con el respaldo del Partido Popular y Més per Mallorca y Més per Menorca, busca revertir esta tendencia. Argumenta que, al ser los aeropuertos la principal puerta de entrada y salida, su gestión es fundamental para determinar el modelo económico de las islas y aplicar políticas de contención turística.

Un Comité con poder de veto: El corazón de la propuesta balear

La piedra angular de esta nueva ley es la creación de una Autoridad Aeroportuaria de Baleares, denominada Comité de Coordinación Aeroportuaria. Este organismo contaría con una presencia mayoritaria de representantes de las islas, lo que significaría que el Gobierno central perdería su actual mayoría de decisión. Sus funciones serían trascendentales:

• Emitir informes vinculantes, con derecho a veto, sobre la estrategia comercial, de conectividad, rutas, frecuencias y capacidad de los aeropuertos.
• Proponer bonificaciones o recargos en las tasas aeroportuarias para modular los flujos de pasajeros.
• Ejercer el derecho de veto en la aprobación de los planes directores de los aeropuertos y los Documentos Reguladores Aeroportuarios.
• Emitir informes vinculantes en materia de ordenación territorial para cualquier ampliación o modificación funcional de las instalaciones.

En esencia, Baleares se reserva la capacidad de influir directamente en cómo crecen y operan sus aeródromos, una potestad que hasta ahora ha residido en gran medida en AENA y el Gobierno central.

Debate político y el camino al Congreso

La aprobación en el Parlament balear no ha estado exenta de controversia. Mientras PP y Més votaron a favor, el PSOE y Unidas Podemos se abstuvieron, y Vox votó en contra. El diputado socialista Marc Pons expresó su preocupación por la posible inconstitucionalidad de la propuesta, considerándola excesivamente ambiciosa y pronosticando la resistencia del PP a nivel nacional, especialmente en comparación con las negociaciones en Catalunya y el País Vasco.

Desde Més per Mallorca, Ferran Rosa denunció el «modelo extractivo» de AENA, argumentando que el crecimiento imparable de pasajeros va en contra de las necesidades de contención turística del territorio balear y que es hora de priorizar a los residentes. Por su parte, la diputada del PP Margalida Pocoví defendió la medida como crucial para el modelo de contención turística del Govern de Marga Prohens, insistiendo en que «no se pueden adoptar medidas de contención mientras AENA avanza al crecimiento sin límites».

El próximo desafío para esta propuesta será su votación en el Congreso de los Diputados. Allí, las resistencias políticas, especialmente por parte del Partido Popular a nivel nacional que ha mostrado reticencias a avances similares en otras comunidades, podrían complicar su aprobación. Sin embargo, para Baleares, esta iniciativa representa un paso fundamental hacia un modelo turístico más equilibrado y sostenible, donde la voz de la comunidad autónoma tenga un peso real en la gestión de sus puertas de entrada.

La demanda de Baleares no solo busca proteger su propio ecosistema y calidad de vida, sino que también establece un precedente significativo para otras regiones que enfrentan desafíos similares de masificación y buscan mayor autonomía en la gestión de sus infraestructuras clave.

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