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El Defensor del Pueblo admite a trámite la denuncia interpuesta por ASETRA contra la Dirección General de Aviación Civil y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por la falta de control de estas dos organizaciones en la aplicación por las ATO’s de la Directiva 93/13 sobre control de cláusulas abusivas en los contratos entre alumnos piloto y escuelas de vuelo.

El Defensor del Pueblo en funciones D. Francisco Fernández Marugán ha acordado admitir a trámite la denuncia interpuesta el pasado 4 de julio de 2020 contra la Agencia Estatal de Seguridad Aérea AESA y la dirección General de Aviación Civil por el nulo control que ejercen ambas instituciones sobre los contratos que firman los alumnos piloto con las escuelas que los forman, también denominadas ATO’s.

Tras un pormenorizado estudio que ha llevado ASETRA de diversos contratos elaborados por las Escuelas de Pilotos de España, se ha podido comprobar que los contratos firmados por los alumnos que se interesan por la formación de piloto de líneas aéreas en nuestro país adolecen en su contenido de graves incumplimientos de la Directiva 93/13 que regula el control por los Estados Miembros de la Unión Europea de la existencia de cláusulas abusivas en los contratos firmados por los consumidores.

En la actualidad ni la organización encargada de la aprobación de las Escuelas de Pilotos en España , la AESA, ni la Dirección General de Aviación Civil se han hecho responsables del control como Administración Aeronáutica que son de velar por los intereses de los alumnos pilotos y tampoco ninguna organización profesional como el Colegio de Pilotos COPAC o el Sindicato de estos profesionales SEPLA ha denunciado jamás el incumplimiento de la Directiva 93/13 en estos centros de enseñanza.

En algunos de esos contratos se pueden encontrar cláusulas como la de que el alumno pague su formación en su totalidad y si desea darse de baja del curso pierda todo lo invertido o en su caso incluso el 50% de las cantidades no invertidas en su formación a modo de penalización por daños y perjuicio a las escuelas, lo que supone un claro abuso por parte de estas organizaciones tuteladas por la Administración pero sobre la cuales ni el Ministerio de Educación ni el Ministerio de Transportes ejercen control alguno en cuanto a las relaciones contractuales entre éstas y los alumnos que en ellas cursan sus estudios, dejándolos en una clara situación de indefensión.
Dada esta grave situación y el incumplimiento que supone de la normativa europea sobre consumidores, ASETRA interpuso la denuncia a fin de que el Defensor del Pueblo estudiara si en la actuación de la AESA o de la DGAC puede haber una vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos así como un incumplimiento del Estatuto